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TABLA DE CONTENIDO
Cuaderno de trabajo Proyecto de Acompañamiento
a la Consulta Previa 2011
EL ESTADO COLOMBIANO
Qué es un Estado
Hombres y mujeres, en toda la historia, han buscado formas de organización para poder vivir en comunidad. Una forma de organización es el Estado, donde un pueblo, que vive en un territorio, es gobernado por unas autoridades.
La República de Colombia es un Estado que cuenta con un territorio y tiene unas autoridades que el pueblo elige democráticamente. Las autoridades tienen como obligación trabajar para garantizar la vida y la dignidad del pueblo, respetando los derechos de todos y las leyes que dicta la Constitución. El gobierno también debe permitir la participación de todos en las decisiones que afecten la vida económica, política, administrativa, y cultural del pueblo. Así mismo, debe mantener la integridad del territorio y asegurar la convivencia pacífica entre los colombianos.
Cómo se organiza el Estado colombiano
El Estado colombiano está conformado por tres poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Cada uno cumple diferentes funciones para orientar y organizar la vida de los colombianos. Estos poderes son vigilados por unos Organismos de control, que garantizan el cumplimiento de las leyes y los deberes de todos los colombianos.
El Estado colombiano está conformado por tres poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Cada uno cumple diferentes funciones para orientar y organizar la vida de los colombianos. Estos poderes son vigilados por unos Organismos de control, que garantizan el cumplimiento de las leyes y los deberes de todos los colombianos.
Está representado a nivel nacional por el Congreso de la República, que se divide en dos instituciones: el Senado de la República y la Cámara de Representantes, y se encarga de elaborar las leyes y decretos que rigen al país. A nivel departamental están las Asambleas departamentales y a nivel municipal los Concejos municipales. Estos últimos no dictan leyes, pero sí ordenanzas o mandatos que solo se cumplen en sus respectivos territorios.
Se encarga de administrar justicia, haciendo cumplir los derechos, obligaciones, garantías y libertades, consagradas en la Constitución Política y la Ley.
Son los encargados de vigilar el comportamiento de los funcionarios del Estado, para que cumplan con sus deberes y con las leyes. Estos organismos son el Ministerio público y la Contraloría General de la Nación.
Existen otros organismos que trabajan para llevar el registro de los ciudadanos colombianos, y para organizar, dirigir y vigilar las elecciones democráticas que se realizan en el país. Son el Concejo Nacional Electoral y la Registraduría General del Estado Civil.
Existen otros organismos que trabajan para llevar el registro de los ciudadanos colombianos, y para organizar, dirigir y vigilar las elecciones democráticas que se realizan en el país. Son el Concejo Nacional Electoral y la Registraduría General del Estado Civil.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COLOMBIA
Qué es la Constitución
La Constitución es un libro que contiene las Leyes fundamentales que rigen a Colombia. Consta de artículos o normas escritas donde figuran los derechos, deberes y obligaciones tanto del gobierno como de las personas que nacimos y vivimos en el país. No hay ni puede existir ninguna Ley en Colombia que contradiga lo que dice la Constitución.
Nuestra Constitución fue escrita en 1991 y es llamada “Constitución de los Derechos”, porque reconoce que todos los colombianos somos iguales en derechos y en oportunidades de participación en las decisiones que nos afectan. La Constitución reconoce la diversidad étnica y cultural del país y enfatiza el respeto por la dignidad humana, que es el respeto de los derechos y obligaciones compartidos por todos, para poder vivir decentemente. También considera la Constitución la autonomía de las entidades territoriales, como por ejemplo, los resguardos indígenas.
Conceptos básicos
Definiremos unos conceptos importantes que ayudarán a comprender mejor la Constitución política de Colombia.
Las leyes son reglas o normas que organizan la vida de un grupo social. Establecen los derechos y los deberes que nos permiten vivir dignamente en sociedad.
Las leyes nacionales, a diferencia de las indígenas, están escritas. Su propósito es protegernos a todos por igual. Hay también un conjunto de leyes, nacionales e internacionales, que favorecen exclusivamente a los pueblos indígenas, comunidades de afrocolombianos y en general a las minorías étnicas.
Un derecho es todo lo que se nos permite hacer o exigir, sin que afecte a otros, y que la ley o la autoridad mandan a nuestro favor. Es un reconocimiento y una garantía para que seamos respetados, y un límite para el poder del Estado.
Los Derechos Humanos son las condiciones básicas que permiten que todas las personas en una sociedad vivan bien, en igualdad, libertad, justicia, solidaridad y respeto. Los Derechos Humanos han sido reclamados y ganados a lo largo de la historia por muchos pueblos en el mundo, y todos los Estados los deben proteger. Pertenecen a todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, sin distinciones de raza, idioma, sexo, orientación sexual, posición económica, ideas políticas o cualquier otra diferencia.
Es la obligación que tiene cada persona de hacer caso de las reglas y las normas que están escritas en las leyes, cumpliéndolas y respetándolas. Todos los ciudadanos tenemos deberes con el Estado y con los demás.
Las leyes vienen ordenadas en artículos, que son unos textos que explican con mayor claridad lo que dichas leyes quieren decir. Se ordenan mediante números o letras. Algunos artículos tienen parágrafos que sirven para complementar la ley.
Un Decreto es un escrito que dice cómo se aplica una ley. La ley la discute y aprueba el Congreso de la República y el Decreto lo escribe y publica el Presidente de la República o el Ministro que tenga que ver con el asunto o tema que trata la ley.
La Corte Constitucional es el organismo que se encarga de proteger y vigilar el cumplimiento de la Constitución.
Cuando el gobierno o el Congreso dictan una ley o un decreto, la Corte evalúa si se cumple o no con lo que dice la Constitución. Igualmente se encarga de revisar los fallos judiciales de acciones de tutela (ver página 59). Sus declaraciones se llaman Sentencias, y en ellas explican por qué una ley o una tutela, obedece o no lo que manda la Constitución. Las Sentencias adquieren el carácter de normas constitucionales.
Principios fundamentales de la Constitución
La Constitución Política de Colombia comienza diciendo que nuestro país es un Estado social de derecho. Esto quiere decir que las autoridades públicas deben gobernar de acuerdo con lo que dicen la Constitución y las leyes, esforzándose en contrarrestar las desigualdades sociales.
El poder está centralizado en Bogotá. Sin embargo, los gobiernos de las distintas entidades territoriales, por ejemplo los departamentos, los municipios o los resguardos, pueden tomar decisiones sobre los territorios que administran, siempre y cuando sigan lo que dice la Constitución.
Todos los colombianos somos libres y podemos elegir a quienes queremos que nos representen en los diferentes cargos públicos, como por ejemplo el presidente, los senadores, alcaldes, gobernadores, incluso los pueblos indígenas pueden elegir a sus cabildos y sus capitanes. Cualquier colombiano puede ser elegido, sin importar su posición política, social y económica, para cualquier cargo público en el país. Contamos además con mecanismos de participación popular que nos permiten tomar decisiones, como los referendos o las consultas populares.
Artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Lo que dice nuestra Constitución es lo más importante en cuestión de leyes. Ninguna otra ley puede contradecir lo que está en la Constitución.
Artículo 3: La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…
A partir de 1991 el Estado colombiano reconoce la existencia de diferentes culturas y pueblos en el territorio nacional (afrocolombianos, indígenas, gitanos y raizales), los cuales deben ser protegidos por el Estado.
Artículo7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Este artículo compromete al Estado a proteger la gran variedad de recursos naturales y las diferentes culturas que tiene Colombia.
Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
La Constitución reconoce la importancia de todas las lenguas y dialectos que existen en Colombia y las ubica al mismo nivel del español, en cuanto a importancia, dentro de los territorios donde son habladas. También dice que las clases y la educación en estos territorios deben ser en español y el idioma que allí se utilice.
Artículo 10: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.
Derechos fundamentales
Los derechos fundamentales son aquellos que tenemos desde que nacemos y que garantizan nuestra dignidad como seres humanos. Nadie puede vulnerarlos ni quitarlos, tampoco se puede renunciar a ellos, ni pueden ser pasados a otros. Con su cumplimiento, el Estado debe garantizarnos un buen vivir.
¿Cuáles son los derechos fundamentales?
- Los que están escritos en la Constitución desde el artículo 11 hasta el 41.
- Los que no son fundamentales, pero que afectan los que síson, porejemplo el de la salud cuando afecta el derecho a la vida.
- Los que Colombia ha firmado en acuerdos y tratados internacionales. Por ejemplo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
- Los queprotejan los derechos humanos así no estén en la Constitución y permitan el buen vivir.
Dice la Constitución que la vida debe respetarse siempre, en todo momento. Incluso la Constitución aclara que a ninguna persona en el país, sin importar sus delitos, se le puede quitar la vida.
Artículo 11: El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
La libertad es la capacidad del ser humano de poder actuar, haciéndose responsable de sus actos, para no afectar a los demás. También quiere decir que una persona no es esclava de nadie. Ser libre ante la ley implica que gracias a la Constitución y a las leyes, los ciudadanos no serán oprimidos por el poder del Estado, porque éste debe ser el primero en cumplir y hacer cumplir las leyes.
Igualdad ante la ley implica que todos los colombianos debemos tener las mismas oportunidades y derechos. Si una persona está en desventaja con respecto a otras personas y al Estado, el Estado mismo tiene que darle las herramientas y la protección para que la igualdad se cumpla, se respete y se garantice así la libertad.
Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Todos tenemos el derecho a vivir como queramos, a actuar y ser diferentes de los demás, siempre y cuando no hagamos daño o afectemos a otros.
Artículo 16: Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen (usan) los derechos de los demás y el orden jurídico.
No existe ninguna religión o creencia más importante que otra. Todos tenemos el derecho a dar a conocer nuestras creencias o a compartirlas con los demás si así lo queremos. También podemos negarnos a recibir o adoptar las que no compartamos.
Artículo 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.
Todos en Colombia tenemos el derecho a decir lo que pensamos. Tenemos el derecho a hablar y comunicarnos con los demás, a informar y recibir información.
Artículo 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.
Tenemos derecho a vivir en paz. El Estado debe garantizarnos la paz y la tranquilidad a todos. La única manera de vivir en paz es respetando los derechos de los demás y que nos sean respetados los nuestros.
Artículo 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Todo colombiano tiene el derecho a pedir la información que crea importante a instituciones o funcionarios públicos, y éstos tienen la obligación de responder oportunamente (ver página 62).
Artículo 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Las personas y sus propiedades deben ser respetadas. Para poder hacer una requisa, se necesita el permiso de la persona o el dueño de la propiedad, a no ser que se cuente con una orden judicial autorizada por un juez como parte de una investigación. Este artículo dice también que si alguien es detenido, debe ser llevado ante un juez en un plazo máximo de 36 horas desde el momento del arresto.
Artículo 28: Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
Esta ley tiene dos explicaciones. La primera, que en todo proceso administrativo (por ejemplo trámites en alcaldías, contrataciones, ejecución de proyectos, consultas) y judicial (investigaciones y juicios por delitos), se deben seguir todos los pasos que ordenan las leyes. No se puede saltar ninguno y todos deben ser cuidadosamente bien hechos.
Por otro lado, si una persona es acusada por un crimen, debe ser juzgada de acuerdo a las leyes que existían en el momento en que fue cometido dicho crimen. El acusado se considera inocente hasta que sea condenado por un juez. El detenido tiene derecho a saber de qué se le acusa en un tiempo máximo de 36 horas y debe ser asesorado por un abogado. Si no puede contratarlo, el Estado le pondrá a disposición uno gratis. El acusado debe poder conocer las pruebas que lo inculpan, y si las pruebas fueron recogidas ilegalmente, no valdrán en el juicio. Tampoco se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo delito, ni se puede alargar el juicio sin justa causa.
Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
Habeas corpus quiere decir “tener el cuerpo libre”. Para la ley, toda persona debe saber por qué se le detiene o priva de su libertad. Si esta persona cree ser inocente, podrá pedir su liberación mediante el Habeas corpus, y las autoridades deben resolver el caso en menos de 36 horas (ver modelo de Habeas corpus en la página 64).
Artículo 30: Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.
Todos tenemos el derecho a reunirnos y opinar en público, si estamos a favor o en contra de alguna decisión que nos afecte. Para hacer una manifestación (caminatas, marchas, paros, etc.) debemos informar a la fuerza pública o a la policía; no para pedir permiso, sino para que nos garanticen que se hará todo en paz.
Artículo 37: Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
Las personas que tienen gustos o intereses parecidos pueden reunirse y asociarse para trabajar juntas y fortalecer las actividades a las cuales se dedican, como por ejemplo, asociaciones de artesanos, agricultores, comerciantes etc.
Artículo 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Las decisiones no las deben tomar los representantes elegidos, sino la gente que los elige, el pueblo. Todos pueden participar ya sea para que los elijan o para elegir. El voto es muy importante para que el cambio sea definitivo, sus voces sean escuchadas y sus intereses tenidos en cuenta.
Artículo 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
- Elegir y ser elegido.
- Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
- Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
- Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
- Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
- Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
- Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.
Otros derechos
Existen otros derechos que aunque en la Constitución no aparecen como fundamentales, son necesarios para poder tener una vida digna.
El Estado colombiano debe garantizar que todos tengamos acceso a los servicios de salud, ya sea a través de instituciones privadas o del Estado. Y debe vigilar que el servicio prestado sea de la mejor calidad.
Artículo 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud…
Por ley, todos los colombianos tenemos derecho a recibir educación, y tanto el Estado como la sociedad deben preocuparse por ofrecer las mejores oportunidades y calidad en los centros educativos.
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
Con este artículo, el Estado reconoce que en Colombia conviven muchas culturas diferentes, todas igualmente importantes y merecedoras de respeto.
Artículo 70(…): La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.
Para poder llevar una vida digna, se necesita un ambiente sano. Por esto, el Estado debe proteger el medio ambiente y las diferentes culturas.
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Derechos especiales para pueblos indígenas
La Constitución les reconoce unos derechos particulares a los indígenas y demás minorías étnicas, para protegerlos y evitar su discriminación ante la ley. Al mismo tiempo reconoce a las comunidades indígenas como “sujeto” de derechos colectivos, dándoles una serie de derechos que son especiales y fundamentales.
La Constitución Política en su artículo 96 reconoce como colombianos a todos los nacidos en nuestro país, o aquellos que posteriormente se hagan ciudadanos colombianos.
Como el nuestro es un país multicultural, la Constitución admite y protege otros grupos (Artículo 13), como por ejemplo, los pueblos indígenas.
¿Qué pasa con aquellos indígenas que no nacieron en Colombia, pero que su familia, o territorio están en el país?
Los indígenas que no nacieron en Colombia y que tienen familia o territorios tradicionales en el país, pueden tener la nacionalidad colombiana, siempre y cuando exista un tratado o acuerdo con el país donde nacieron.
Artículo 96: Son nacionales colombianos:
2. Por adopción:
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.
La Constitución Política reconoce varios tipos de territorios indígenas, como los Resguardos, las Entidades territoriales indígenas o las tierras comunales.
Las leyes colombianas les reconocen a los pueblos indígenas, unos territorios llamados resguardos. Su propiedad es colectiva, y en ellos, los indígenas pueden vivir según sus costumbres. La Constitución los considera un derecho fundamental y les da unas características especiales:
Artículo 63 Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Artículo 329 [2]: Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.
Sentencia de la Corte Constitucional Nº T188/93: Se consagra la prohibición de vender o gravar las tierras comunitarias indígenas. El reconocimiento constitucional de la propiedad colectiva resguardo, sirve para la preservación de las culturas indígenas y de sus valores espirituales. La tierra indígena no solo hace parte fundamental de su subsistencia, sino que hace parte fundamental de su cosmovisión cultura y religiosidad.
Según la Constitución Política y la Sentencia de la Corte Constitucional, los resguardos pertenecen a todos los miembros de las comunidades indígenas que los habitan, no a una sola persona. Es decir todos pueden aprovechar las tierras y utilizarlas, pero no las pueden vender, cambiar, arrendar o ceder porque son inalienables y no enajenables. Las tierras no sirven como prenda o garantía en un negocio porque son inembargables.
Estas condiciones permanecerán por lo menos mientras el Estado colombiano y la Constitución rijan o gobiernen el país, porque son imprescriptibles, es decir, que no terminan en el tiempo.
Cuando una comunidad quiere conformar o ampliar un resguardo, debe hacer una solicitud ante el INCODER y llevar copia de dicha solicitud al Ministerio del Interior y de Justicia.
El Ministerio se ocupa entonces de visitar la comunidad y realizar estudios sociales, económicos y legales, en un término de treinta días, para determinar si es posible la titulación del resguardo. Estos estudios deben demostrar que las personas que hacen la solicitud pertenecen al grupo étnico y el territorio ha sido ocupado tradicionalmente por ellos. El control de estos estudios lo hacen la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Si el estudio concluye que el territorio es ancestral y de propiedad indígena, el INCODER procede a titular y ordenar la constitución, ampliación y saneamiento respectivo (comprar las tierras a los colonos o a las personas que se encuentran viviendo allí).
Las mejoras de los predios que se dan para saneamiento, reestructuración, ampliación de resguardos y dotación de tierras se entregan gratis a los cabildos o autoridades tradicionales.
En los artículos 286, 287 y 329, la Constitución reconoce otra forma de propiedad comunal de la tierra a los pueblos indígenas, llamada Entidad territorial indígena. Estas entidades gozan de autonomía administrativa y reciben recursos directamente del Estado.
Artículo 286: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.
Artículo 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y de la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
- Gobernarse por autoridades propias.
- Ejercer las competencias que le correspondan.
- Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- Participar de las rentas nacionales.
Artículo 329: (No está reglamentado aún) La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.
La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte…
Si las comunidades indígenas son dueñas de sus territorios, ¿qué pasa con los recursos naturales que allí se encuentran?
Según el artículo 332 de la Constitución Política, las comunidades indígenas pueden hacer uso de sus resguardos para sacar provecho de los recursos renovables que allí se puedan dar. Sin embargo, los recursos no renovables (petróleo, minerales, metales, gas natural, depósitos de agua subterránea, etc.) aunque se encuentren en territorios indígenas, son propiedad del Estado.
Artículo 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con las leyes preexistentes.
La explotación de recursos puede poner en peligro la vida de las comunidades indígenas (violación del artículo 11 de la Constitución). Por esto, la ley exige que las comunidades sean consultadas sobre las medidas que las pudieran afectar. El derecho a la Consulta Previa está reglamentado en la Ley 21 de 1991 y se sustenta en el Parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política (ver la cartilla sobre Consulta Previa).
Parágrafo del artículo 330: La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la identidad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, en las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.
Por otro lado, el Estado debe proteger los bienes arqueológicos (restos u objetos antiguos que pertenecieron, construyeron o utilizaron los primeros habitantes, como cerámicas, herramientas, tumbas, joyas etc.) de la Nación. Pero si estos restos se encuentran dentro de territorios indígenas, las comunidades tienen derechos especiales sobre ellos.
Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
La participación de los pueblos indígenas no se limita a lo que puedan hacer dentro de sus territorios. La Constitución reconoce que también deben participar de las leyes y decisiones que se toman en el Gobierno. Para esto, se reservan dos curules (puestos) para Senadores indígenas, que serán elegidos bajo votación nacional, pero en listas especiales y separadas de las del resto de candidatos. Estos puestos reciben el nombre de Circunscripción nacional especial y son mencionados en los artículos 171 y 176 de la Constitución Política.
Artículo 171: El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos por circunscripción nacional especial para las comunidades indígenas.
Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.
La circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.
Los representantes de las comunidades indígenas que aspiran a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el ministerio de gobierno.
Artículo 176: La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas.
Mediante esta circunscripción especial se podrán elegir hasta cuatro representantes.
Las normas de comportamiento, acuerdos de convivencia, así como las sanciones o castigos para quienes las incumplan, son impartidos por las comunidades de acuerdo a sus propios criterios, y son legítimas solamente dentro de los territorios indígenas reconocidos por el Gobierno.
Estas leyes indígenas tienen equivalencia con las leyes nacionales y, sobre todo, deben estar de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos.
La Constitución en el artículo 246, se preocupa porque exista una buena relación entre el gobierno nacional y las formas de gobierno propias de los indígenas. Las comunidades tienen total libertad de crear y hacer respetar sus leyes dentro de sus territorios, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución y los derechos humanos. El artículo también reconoce la libertad que tienen los pueblos indígenas de elegir a sus representantes, quienes según la Constitución tienen las siguientes tareas, que se especifican en el artículo 330:
Artículo 246: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
Artículo 330: De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:
- Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.
- Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
- Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.
- Percibir y distribuir sus recursos.
- Velar por la preservación de los recursos naturales.
- Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.
- Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
- Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y
- Las que les señalen la Constitución y la ley…
Ideas finales
Debido a que las comunidades indígenas poseen otra cultura y otra manera de gobernarse, el Estado les ha dado derechos constitucionales especiales.
Por un lado, se encuentra la Constitución Nacional, donde están las leyes que se aplican a todos los colombianos y, por supuesto, a los indígenas, quienes como ciudadanos tienen todos los derechos y obligaciones.
Por otro lado, la legislación especial indígena, además de las leyes constitucionales y nacionales, adopta Convenios y Tratados Internacionales aceptados y firmados por el Estado colombiano, para proteger especialmente a los pueblos indígenas.
De esta manera el Estado ha decidido que los indígenas, como ciudadanos protegidos, gocen de libre determinación, autonomía política, jurídica, económica, social y cultural, como lo dice el Informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 7 de septiembre de 2007. Es decir, tienen derecho a gobernarse por autoridades propias de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, administrar los recursos y tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales (según la Sentencia T-634/99 de la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional).
Así mismo, se garantiza a las comunidades indígenas una educación especial basada en la etnoeducación para que fortalezcan su lengua y su cultura.
Por otro lado, como elemento que agrupa sus derechos, se encuentra la figura del Resguardo. Se lo considera como un derecho fundamental, pues es el lugar en donde viven, es su principal medio de subsistencia, es donde reproducen su cultura y ha sido definido como inalienable (no se puede vender, arrendar, cambiar o ceder), inembargable (no sirve como garantía en un negocio) e imprescriptible (el resguardo será propiedad de la comunidad mientras exista la Nación colombiana).
Con la Ley 21 de 1991 el Estado protege la propiedad de las comunidades sobre sus territorios, frente a terceras personas que quieran apropiárselas (colonos, empresas, etc.). Igualmente, es ilegal que sus pobladores sean desplazados por la fuerza, como lo dice el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional. Esta normativa protege a las comunidades de la invasión de sus territorios o expulsión, por parte de grupos armados legales o ilegales (paramilitares, guerrillas, policía y ejército).
Las comunidades indígenas pueden hacer uso de los recursos renovables (los que se pueden seguir produciendo como yuca, plátano, maíz, piña, etc.) que se encuentran en sus territorios, pero no pueden disponer de los recursos no renovables (aquellos recursos que se pueden acabar y los que el ser humano no puede producir, como el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural, agua subterránea) que se encuentren allí porque son propiedad del Estado.
Es decir, el Estado decide cómo, cuándo, quién y de qué manera se pueden aprovechar estos recursos no renovables. El Estado debe cuidar para que la exploración y explotación de estos recursos naturales se haga cuidadosamente y sin que las comunidades sean afectadas social, económica o culturalmente.
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS INDÍGENAS
La Constitución Política de Colombia pone a disposición de los colombianos, unas autoridades a las cuales pueden recurrir cuando se presentan casos de violación de los derechos fundamentales constitucionales. Y también establece unos mecanismos que garantizan a los colombianos el respeto de sus derechos.
La presente cartilla tiene el propósito de acercar a las comunidades indígenas al conocimiento de las diferentes opciones a las que pueden recurrir cuando sus derechos fundamentales y especiales sean violados por algún funcionario estatal o por alguna persona o institución.
Autoridades y sus funciones
La Constitución Política de Colombia define en tres artículos, los organismos que se encargan de vigilar, denunciar e investigar las faltas cometidas por funcionarios públicos y las violaciones de los Derechos Humanos:
- El Ministerio Público
- Contraloría General de la República
Artículo 117: El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control.
Artículo 118: El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al ministerio público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.
Artículo 119: La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.
Cada organismo tiene unas funciones específicas, así:
Está conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales. Estas instituciones se encargan de velar por los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de los empleados públicos (Art. 277 y 278 de la Constitución Política de Colombia).
Controla a los funcionarios públicos (alcaldes, gobernadores, diputados, etc.), los investiga y sanciona cuando cometen faltas en el desempeño de sus funciones. Vigila que los funcionarios no violen las leyes y la Constitución, que no se aprovechen de los dineros públicos. También evita que obstruyan las investigaciones o no denuncien los delitos de los cuales tengan conocimiento.
Una de sus dependencias es la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos que se encarga de vigilar que no se violen los derechos de los pueblos indígenas.
Procuraduría General de la Nación
Dirección: Carrera 5 No. 15 – 60 Bogotá
Línea gratuita: 01 8000 940 808
Fax: (091) 281 77 46
Correo: quejas@procuraduria.gov.co
(Art. 281 de la CPC) Se encarga de dar a conocer, cuidar y vigilar la práctica de los derechos humanos, previniendo su violación y protegiendo a quienes les han sido vulnerados (Art. 282). Las defensorías del pueblo se encuentran presentes en algunos pueblos y ciudades de Colombia.
Defensoría del pueblo
Dirección: Cra. 9 No 16- 21- Bogotá
Teléfonos: (091) 3147300 ó 3147300
Extensiones: 2112 – 2337
Correo: bogota@defensoria.org.co
Dirección: Calle 10 No. 5 – 56 Barrio Once de Noviembre Leticia Amazonas
Celular 310 853 94 29
Teléfonos: (098) 5928142., Ext. 3100
Correo: amazonas@defensoria.gov.co
Son las entidades encargadas de vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas (alcalde, director de un hospital público, etc.) en el municipio, además de divulgar y garantizar los Derechos Humanos (Art. 118). Se encuentran en todas las alcaldías del país.
Personeria Leticia
Dirección: Personería Municipal, ubicada en la Calle 11 No. 40-18-Centro.
Celular: 310-7791708
Por vía telefónica: 09859-24777
Correo: persolet@yahoo.com
Personería Puerto Nariño
Dirección: Carrera 1 Calle 5 Esquina
Teléfono: 3112320268
Es la entidad que vela por la transparencia en el manejo de los recursos financieros del Estado, desde la gestión hasta su ejecución. El control que ejerce es selectivo, y se realiza una vez los recursos han sido ejecutados (Art. 267).
Contraloría General de la República
Dirección: Carrera 69 No 44 – 35 – Bogotá, Colombia
Línea gratuita: 01 8000 910060
Teléfono: (091) 518 7000 Extensiones: 21014 – 21015
Celular: 311 000 00 00
Correo: cgr@contraloria.gov.co
Dirección: Cra 11 # 11-35 B. Victoria Regia, Leticia – Amazonas
Teléfonos: (57+8) 5927098
Celular: 3103029211
Correo: contraloria@cdamazonas.gov.co
Mecanismos de control
La Constitución, en el artículo 83, ordena que tanto las personas como los funcionarios públicos deben actuar con honradez, rectitud y sobre todo, con la verdad. También establece en el artículo 85 que todos los derechos fundamentales (artículos del 11 al 41) deben ser respetados.
Las personas a quienes se les han violado sus derechos fundamentales, pueden interponer ante las autoridades competentes una serie de acciones para procurar la garantía, restitución o protección de sus derechos. Éstas son la Acción de tutela, el Derecho de petición, la Acción popular y el Habeas corpus.
Es una herramienta creada en el artículo 86 de la Constitución Política. Con ella, cualquier persona puede reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos han sido vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de otras personas, en los casos establecidos en la ley. Se puede pedir asesoría de la Defensoría del Pueblo para interponer acción de tutela.
La Acción de tutela se puede interponer en todo el territorio nacional, ante cualquier juez promiscuo. Igualmente se puede pedir asesoría a cualquier Defensor del pueblo sobre cómo hacer una tutela y dónde presentarla.
La Acción de tutela está reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.
¿Qué derechos protege?
Cualquier derecho fundamental constitucional que sea afectado por la acción o la omisión de las autoridades.
Page Break¿Qué se debe tener en cuenta al presentar una Acción de Tutela?
- No requiere de abogado.
- Agregar al escrito, la fotocopia de la cédula de quien está presentando la Acción de Tutela.
- El juez no podrá tardar más de diez días en decidir su solicitud.
- Dentro de los tres días siguientes a la notificación, el fallo (la decisión) puede ser impugnado (reclamado) por el accionante o el accionado (por quien puso la tutela o por quien se dice que cometió la falta). Además se puede apelar muchísimas veces hasta que llegue a la Corte Constitucional.
- El cumplimiento del fallo es obligatorio e inmediato.
- Si el o los accionados (quienes tengan que ver con la queja) incumplen la decisión del juez o no la ejecutan en el tiempo indicado, se puede acudir ante el mismo juez para presentar un incidente de desacato.
- Una vez se conozca el fallo del juez, favorable o no, se debe preguntar al funcionario que hizo la notificación, qué más debe hacerse.
Según el artículo 23 de la Constitución, todos los ciudadanos pueden solicitar respetuosamente a las autoridades información sobre situaciones de interés general y/o particular.
Artículo 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
El derecho de petición se presenta directamente, de forma verbal o escrita, ante cualquier institución pública (por ejemplo, cualquier dependencia de la alcaldía o una EPS) o persona o entidad que preste un servicio público. La información a solicitar puede ser sobre:
- Acciones que realizan las autoridades (por ejemplo, que el secretario de salud explique cómo evalúa el desempeño de las EPS).
- Necesidad de conocer documentos que elaboran los servidores públicos (por ejemplo al alcalde para saber cómo ha distribuido los recursos de participación entre los resguardos del municipio).
- Conceptos u opiniones que puedan dar los funcionarios sobre temas de su competencia (por ejemplo, formulación de proyectos al funcionario de Asuntos indígenas).
El funcionario o la institución que recibió la petición tienen un plazo máximo de quince días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones, y diez días para responder peticiones de información. Si quien solicita la información no obtiene respuesta, puede anteponer una Acción de tutela, especificando la violación a su derecho de petición sobre la información solicitada.
Con una acción popular se busca restaurar o prevenir un daño que una institución del Estado o una persona particular ha hecho o piense hacer en contra de los derechos e intereses de una comunidad. Si la amenaza o la violación provienende un funcionario público, se instaura la Acción popular ante un juez administrativo, o ante el Tribunal Administrativo del respectivo Departamento. Si el responsable es un particular, la Acción se instaura ante un juez civil. También se puede pedir, para ambos casos, la asesoría de la Defensoría del Pueblo.
En la Acción popular debe exponerse el derecho o interés colectivo que está siendo amenazado o violado. Se debe explicar con detalle lo que está sucediendo y quién está cometiendo el atropello, sea un funcionario público o una persona particular. Además se deben presentar las pruebas que sustentan la Acción, y se debe presentar una propuesta de soluciones.
El Habeas corpus es un mecanismo constitucional (Artículo 30) que busca proteger al ciudadano cuando ha sido detenido o privado de su libertad de forma ilegal o arbitraria. Se puede interponer este recurso cuando autoridades no judiciales emiten órdenes de captura, cuando han vencido los términos de la investigación por la cual se ha perdido la libertad, o cuando no hay pruebas suficientes que inculpen a la persona.
Artículo 30: Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.
CONSULTA PREVIA
El derecho a la Consulta Previa es un mecanismo necesario e indispensable para asegurar que la realización de estos proyectos no afecte en forma irreversible las formas tradicionales de subsistencia de los grupos étnicos dentro de sus territorios, las cuales forman parte integrante de su estructura cultural propia y proveen la base para la preservación y el desarrollo en el tiempo de sus cosmogonías, saberes ancestrales y formas culturales.
Sentencia 461 de 2008 Corte Constitucional
La Consulta Previa es un derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas y otras minorías étnicas en Colombia, para proteger sus territorios y sus formas de vida.
Con este cuaderno, se busca brindar información sencilla y directa sobre qué es la Consulta Previa, su finalidad y sus características.
La intención de este cuaderno es simplemente ofrecer información. Por lo tanto, no debe tomarse como guía o instructivo sobre lo que deben hacer los diferentes actores en el proceso de una Consulta Previa.
Qué es la Consulta Previa
La consulta previa es una herramienta necesaria para garantizar la protección de las minorías étnicas en situaciones que puedan afectar sus formas de vida, sus creencias, sus costumbres y sus territorios.Estas situaciones son:
- La realización de proyectos, obras o actividades, por parte del Estado o de particulares.
- La formulación de leyes y regulaciones porparte de instituciones estatales.
La Consulta Previa también es un derechofundamental colectivo. Las comunidades y minorías étnicas tienen el derecho a ser consultados antes de que se tome cualquier decisión que ponga en riesgo o afecte sus formas de vida.
Para garantizar este derecho se hace lo que se conoce como ‘reuniones de consulta’, en las que las comunidades participan y son informadas sobre lo que se va a hacer.
Por qué se creó la Consulta Previa
Desde 1919 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha interesado por defender los derechos de los trabajadores del mundo. También se ha enfocado en el reconocimiento de las comunidades étnicas, pues durante siglos hansufrido esclavitud, exclusión y despojo de sus tierras.
Entre las diferentes medidas y convenios que ha pronunciado la OIT se encuentra el Convenio 169 de 1989. Éste es el resultado de una conferencia internacional en la que se observó que en muchas partes del mundo las comunidades étnicas no gozaban de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población.
El Convenio 169 tiene dos argumentos principales:
- El respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de las comunidades étnicas.
- La consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan.
Después de muchos años de luchar por un tratamiento equitativo y la igualdad de oportunidades para las comunidades étnicas, este Convenio ha sido adoptado en varios países. Al ratificar un convenio, los países se comprometen a adecuar la legislación nacional y a aplicarlo en lavida diaria.
En el caso de Colombia, se proclamó el Derecho a la Consulta Previa mediante la Ley 21 de 1991. Además, la Corte Constitucional ha dictado varias Sentencias que ayudan a regular la Consulta Previa con comunidades indígenas, afrocolombianos, y otras minorías étnicas.
Para qué se creó la Consulta Previa
La Consulta Previa se creó para garantizar la participación de las comunidades étnicas en las decisiones que les afectan.
Al crear estas formas y espacios de participación, se está reconociendo la diferencia de la cultura, las formas de vida y las actividades propias de estos grupos minoritarios.
En estos espacios de reunión, el Estado y las empresas les dan a las comunidades información completa y detallada sobre los proyectos que quieren realizar.
Las reuniones de Consulta permiten a las comunidades étnicas controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Con la información recibida, las comunidades indígenas, las empresas y el Estado debenidentificar las consecuencias buenas y malas que el proyecto o el acto legislativo puede generar en la comunidad. Estas consecuencias buenas y malas se conocen como impactos.
Cuando se han identificado esos impactos, las comunidades, el Estado y las empresas deben acordar las medidas que se necesiten para proteger la integridad cultural y territorial de la comunidad. Esas medidas se conocen como medidas de manejo de impactos, y son cuatro:
Medidas de prevención
Las comunidades étnicas proponen soluciones para que no ocurran daños en su territorio, su entorno, su seguridad, sus creencias, usos y costumbres y sus formas de vida.
Medidas de mitigación
Como algunos daños no se pueden evitar, las comunidades étnicas y las empresas deben aportar soluciones para que los daños no sean tan graves.
Medidas de corrección
Las comunidades étnicas deben exigir que los daños causados por el proyecto sean reparados.
Medidas de compensación
Las comunidades étnicas deben recibir un pago por los daños que no pueden ser reparados.
En qué casos se debe realizar la Consulta Previa
La ley dispone que se debe realizar una Consulta antes de:
- Emitir leyes, decretos, directivas o cualquier norma que afecte los derechos de las comunidades étnicas.
- Realizar estudios en los territorios de las comunidades étnicas.
- Implementar programas dirigidos a las comunidades.
- La exploración y explotación de recursos.
- El desarrollo de proyectos de infraestructura.
- La erradicación de cultivos para uso ilícito.
- El traslado de comunidades.
- Realizar proyectos en zonas no tituladas pero habitadas de forma regular y permanente por comunidades étnicas.
Dónde se debe realizar la Consulta Previa
La ley dice que el proceso de la Consulta Previa se debe realizar en el lugar o los lugares que las comunidades étnicas establezcan como más conveniente para ellas.
Quiénes participan en la Consulta Previa
Las comunidades tienen el derecho y el deber de participar cuando un acto legislativo o algún proyecto que vaya a afectar su territorio.
El Ministerio del Interior y de Justicia es representado por un funcionario del Grupo de Consulta Previa de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom. Debe coordinar y garantizar el debido proceso de la Consulta Previa.
Participa en la Consulta Previa si el proyecto necesita licencia ambiental, tal como lo manda la Constitución Nacional, la Ley 21 de 1991, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1320 de 1998 y el Decreto 1220 de 2005.
El organismo del Estado
que quiera presentar una ley o implementar algún programa
Las empresas
que deseen realizar proyectos de exploración o extracción de recursos
Tienen el deber de informar al Estado y a las comunidades étnicas sobre el proyecto que desean ejecutar.
Las comunidades pueden exigir la presencia de unos organismos del Ministerio Público para que garanticen la legalidad del proceso de Consulta previa, y vigilen que no se violen los derechos de las comunidades consultadas. Dichos organismos pueden ser (ver página 53):
- Procuraduría General de la Nación
- Defensoría del Pueblo
- Personería municipal
Qué clases de Consulta Previa hay
Proyectos con licencia ambiental
Deben hacer consulta previa las empresas cuyos proyectos deterioren o dañen el medio ambiente y sus recursos naturales, o que modifiquen considerablemente el territorio.
- Proyectos de extracción de hidrocarburos
- Proyectos de extracción minera
- Proyectos energéticos y de telecomunicaciones
- Construcción de puertos en mares y ríos
- Proyectos industriales y agropecuarios
- Sistemas de riego
- Construcción de basureros, entre otros.
Proyectos sin licencia ambiental:
Aquellos proyectos que no afecten considerablemente el medio ambiente, el territorio o los recursos naturales.
- Reparaciones de vías
- Exploraciones sísmicas que no necesiten de la construcción de vías de transporte que afecten el medio ambiente y el territorio.
Cómo se realiza la Consulta Previa
Atendiendo a los principios del debido proceso, la Consulta Previa sigue unas fases:
Es una reunión donde la comunidad, la empresa y el Estado, representado por el Ministerio del Interior y Justicia, definen de común acuerdo, la manera como se va a realizar todo el proceso de Consulta Previa.
Como primer paso, la institución o empresa debe preguntar en el Ministerio del Interior, si en el área donde piensa trabajar hay comunidades étnicas que deban ser consultadas. Si no las hay, no se hace Consulta Previa. Pero si se encuentra algún grupo:
- el Ministerio del Interior debe informar a la comunidad, a sus autoridades y representantes
- qué es la Consulta Previa
- Legislación sobre Consulta Previa.
- derechos que tienen las comunidades étnicas en el proceso.
- El Ministerio y la empresa o institución del Estado que debe consultar están obligados a informar sobre las leyes, los programas o proyectos que se planean realizar y que pueden afectar los intereses de las comunidades étnicas.
- Las partes acuerdan conjuntamente los planes de trabajo, los tiempos y el lugar de reunión. Las comunidades le informan al Ministerio y la empresa, sobre el tiempo que requieren para sacar conclusiones y comunicar sus opiniones sobre lo que se les informó.
- el Ministerio del Interior debe informar a la comunidad, a sus autoridades y representantes
Los procesos de consulta deberán ante todo garantizar los usos y costumbres de los pueblos indígenas, respetando sus métodos o procedimientos de toma de decisiones.
Corte Constitucional, Sentencia T-737 de 2005
En esta fase, las comunidades tienen derecho a:
- Recibir información completa, clara y comprensible de lo que se quiere hacer.
- Aceptar o negarse a entrar en el proceso de Consulta Previa.
- El representante del Ministerio del Interior da inicio oficial a la Consulta Previa.
- El representante del Ministerio del Interior le pide a las instituciones o empresas que informen con claridad a la comunidad étnica sobre el programa o proyecto que desean implementar.
- La institución o la empresa capacita a la comunidad sobre los temas que son objeto del programa o proyecto que se desea realizar.
- El representante del Ministerio coordina las actividades de la Consulta Previa.
El proceso de Consulta Previa no es un mecanismo adversarial de confrontación de intereses, sino una oportunidad valiosa provista por la Constitución Política para que las autoridades públicas propendan porque los proyectos que afecten directa y específicamente a las comunidades étnicas sean respetuosos de sus derechos fundamentales colectivos e individuales a la integridad étnica, cultural, social y económica.
Corte Constitucional, Sentencia C-461/08
Luego de informar sobre lo que se planea hacer, se identifican las consecuencias buenas y malas que el proyecto puede tener en la comunidad. Estas consecuencias buenas y malas se conocen como impactos.
Cuando ya se han identificado estos impactos, se debe acordar lo que debe hacerse para que no se afecte a las comunidades, ni sus formas de vida, ni sus territorios. Esto se llama medidas de manejo de impactos, y se determinan luego de discutir sobre cómo prevenir, cómo mitigar, cómo corregir y cómo compensar por los impactos causados con el proyecto.
Las comunidades étnicas y la empresa, con la coordinación del Ministerio del Interior, hacen un acuerdo común para tomar las medidas necesarias frente a los impactos negativos que se generen por el proyecto.
Esta es una de las principales razones por las cuales se hace la Consulta. Es muy importante que este paso se cumpla bien para que el desarrollo del proyecto o la promulgación de la ley se hagan dentro de unas reglas que respeten lo acordado.
En efecto, el derecho fundamental a la subsistencia de los grupos étnicos se puede ver drásticamente afectado por los cambios abruptos, de índole social, cultural y medioambiental, inducidos por la realización de proyectos en territorios indígenas que no han sido debidamente consultados y sobre cuyas condiciones no se ha llegado a un acuerdo con las comunidades directa y específicamente afectadas.
Corte Constitucional, Sentencia C-461/08
Una vez identificados los impactos y las medidas para atenderlos, se elabora un documento inicial que contiene los primeros acuerdos establecidos por las partes.
Estos acuerdos incluyen los impactos identificados y las soluciones propuestas para contrarrestarlos.
Ambas partes tienen, a partir de este momento, un tiempo acordado para reflexionar sobre estos acuerdos previos, para discutirlos y para hacer propuestas hacia el documento definitivo.
En la Reunión de Protocolización de la Consulta Previa, todos los representantes de las partes firman un documento que se llama Acta de Protocolización.
El Acta de Protocolización de Acuerdos de Consulta Previa recoge los acuerdos y desacuerdos evidenciados durante el proceso. Establece así mismo los procedimientos de seguimiento para verificar que se cumpla lo acordado.
La Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y Justicia, hace seguimiento a las actividades relacionadas con el motivo por el cual se hizo Consulta Previa. Para ello:
- Radica el acuerdo en el Ministerio.
- Hace seguimiento a los acuerdos para asegurarse que se cumplen...
- Elabora un informe semestral sobre el avance en el cumplimiento de los acuerdos.
A todo lo largo del proceso, el Ministerio ha debido vigilar que se cumplan todos los acuerdos a los que se llegaron. Cuando se termina el programa o proyecto que fue consultado, y si la parte interesada (la institución o empresa) ha cumplido con todo lo acordado, se cierra el proceso.
En ese punto, se firma el Acta de Cierre en presencia de la comunidad étnica, el Ministerio del Interior, la parte interesada, el Ministerio Público (ver página 7) y/o las autoridades ambientales.
Estas fases son una sugerencia del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia. En todo caso, las comunidades, la empresa y el Estado decidirán en conjunto cómo, cuándo y dónde se realizará cada fase, y además decidirán qué organismos de control deben estar presentes. Hay que tener en cuenta que en cada reunión que se hace, debe elaborarse un Acta Oficial, aprobada por todos, y debe entregarse copia a las partes.
Principios y fundamentos de la Consulta Previa
Los representantes del Ministerio del Interior, de las empresas y de las comunidades étnicas deben realizar la Consulta Previa con honestidad y claridad. No debe haber mentiras ni engaños en ninguna etapa del proceso de consulta.
La Consulta Previa no es un trámite.. Es un derecho constitucional. Actuar de buena fe es:
- Dar a la comunidad información completa sobre los proyectos o actos legislativos, y los mecanismos, procedimientos y actividades que se necesitan para su ejecución.
- Informar a la comunidad sobre los posibles impactos sociales, culturales, económicos y políticos que la puedan afectar.
- Que la comunidad pueda evaluar las ventajas y desventajas del proyecto sobre su territorio y sus miembros.
Para que las comunidades consultadas tengan un conocimiento completo sobre el proyecto o programa que se va a realizar en sus territorios, o sobre el acto legislativo que los puede afectar, el Estado y la empresa deben entregar oportunamente toda la información que sea necesaria.
Esta información debe ser clara, completa y fácil de entender.
La finalidad principal del proceso de Consulta Previa […] exige que los pueblos consultados conozcan todos los aspectos de la propuesta y sus implicaciones, y que a su vez puedan recibirla, analizarla, difundirla, discutirla y responderla utilizando canales apropiados de persuasión, con miras a que sus intereses, prevenciones y recomendaciones sean considerados y valorados por sus interlocutores.
Sentencia C-461 de 2008
Durante todo el proceso de la Consulta Previa, los participantes deben actuar de acuerdo a la Ley, respetando en todo momento los derechos de las comunidades étnicas.
Deben respetarse los acuerdos sobre las condiciones, formas, tiempos y lugares para la realización del proceso de Consulta Previa. Igualmente deben respetarse los acuerdos sobre impactos y medidas de manejo durante la ejecución del proyecto, el programa o el acto legislativo. Cualquier acuerdo al que se llegue, debe tener en cuenta las características sociales y culturales de los pueblos consultados.
Las opiniones de los miembros de las comunidades consultadas tendrán que ser escuchadas siempre. Además, las comunidades deben poder realizar reuniones internas para que piensen, discutan y tomen sus propias decisiones sobre el tema consultado, sin que intervengan personas ajenas a ellos.
Los representantes del Ministerio, de la empresa o institución y de las comunidades étnicas, deben ser legítimos, es decir, deben ser los delegados oficialmente para representar a su institución y grupo étnico. Estas personas deben estar debidamente acreditadas. También deben ser reconocidas y aceptadas por todos. Los representantes de los organismos de control que asistan como observadores y garantes del proceso, deben ser igualmente legítimos.
La buena comunicación durante el proceso de Consulta Previa es responsabilidad de todos los participantes.
El Ministerio del Interior, a través de su representante, debe garantizar la adecuada comunicación durante todo el proceso, para que haya entendimiento respetuoso entre los participantes.
Las empresas deben facilitar todos los recursos, poner todos los medios a su alcance, y hacer todos los esfuerzos para que la comunicación sea clara, efectiva, oportuna y respetuosa.
Las comunidades étnicas tienen el derecho a recibir información en sus propias lenguas, por lo que es indispensable la presencia de traductores durante todo el proceso de Consulta Previa. Así mismo, las comunidades tienen la responsabilidad de comunicar respetuosamente todas sus preocupaciones, dudas e inquietudes, con el fin de obtener la mayor claridad sobre el objeto de consulta.
Es obligación del Ministerio realizar informes escritos sobre las reuniones (actas) donde se registre todo lo dicho.
La Consulta Previa debe realizarse antes de iniciar cualquier programa o proyecto que afecte a una comunidad étnica.
No se puede iniciar un programa o proyecto sin las debidas autorizaciones y licencias, y sin la aprobación de la comunidad consultada.
Si la comunidad se niega a la realización del proyecto, programa o acto legislativo, la autoridad gubernamental puede tomar la decisión.
Sin embargo,
La decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena.
Sentencia C-461 de 2008
La Consulta Previa se rige por:
- Un convenio internacional, el 169 de la OIT de 1989.
- La legislación nacional, en particular la ley 21 de 1991.
- Sentencias de la corte Constitucional como la C461 de 2008; SU-383 de 2003; SU-039 de 1997.
- Las leyes y procedimientos de los pueblos indígenas, tal como lo contempla la Constitución Política de Colombia, en su artículo 246.
